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Sigue avance del presidente de Perú en su lucha anticorrupción

Tras un pulso de ocho meses con la oposición fujimorista, el presidente peruano, Martín Vizcarra, logró un segundo golpe contra las mayorías del Congreso y un paso más en su reforma política, con la cual pretende combatir la corrupción que atormenta el panorama político desde hace años.

Tuvo que amenazar con la disolución del Parlamento, amparado en la ley, si no le aprobaban una moción de confianza que fue solicitada por su primer ministro –famoso por su carrera como actor–, Salvador del Solar. Esta fue finalmente aprobada el miércoles con una contundente victoria de 77 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones, con lo que su proyecto anticorrupción debería abrirse paso.

En diálogo con EL TIEMPO, Dámaso Bellido, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo que este fue “un claro triunfo del gobierno”. “Como se dice comúnmente, ha puesto contra la pared al sector más recalcitrante del fujimorismo, a fin de que debata y aprueben de manera inmediata los proyectos presentados por el Ejecutivo, sin desnaturalizarlos y dentro de un plazo razonable, es decir, antes del vencimiento de la presente legislatura”, señaló Bellido.

Con la moción, el Congreso se comprometió a firmar cinco de las doce leyes que contempla la reforma, las referentes a la impunidad parlamentaria, el fortalecimiento de los partidos, el control del financiamiento y la rendición de cuentas en las campañas políticas, la eliminación del voto preferencial y la paridad de género.

¿Apoyo de la oposición?

Sin embargo, en consideración del licenciado en ciencia política Rolando Ames, para que triunfe la reforma se requiere antes una negociación con la izquierda que aún está por verse de aquí al 26 de julio, fecha límite estipulada por Del Solar para que se aprueben los proyectos del Ejecutivo.

De hecho, Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que tiene a su cargo la aprobación de la reforma política, adelantó que no será “cómplice de la destrucción del sistema de frenos y contrapesos de nuestra Constitución”.

“Es una victoria parcial ‘por puntos’ la del gobierno; un triunfo real está por verse a final del mes, si efectivamente logran pactos. La situación ideal sería que logren aprobar la mayoría de leyes. Sin embargo, este plano se verá afectado por el juego de tensiones, principalmente por el punto de la impunidad, y será (la excandidata presidencial, actualmente en prisión preventiva) Keiko Fujimori quien insistirá en buscar la posición que más le favorezca”, señaló Ames a este diario.

Keiko Fujimori

El partido con más curules del congreso de Perú es liderado por la opositora peruana Keiko Fujimori, quien enfrenta una investigación por presunta corrupción electoral.

Foto:

Ernesto Arias / EFE

En este sentido, para algunos analistas fue inesperada la respuesta del partido fujimorista Nueva Fuerza en la votación, pues muchos parlamentarios dieron su visto bueno a la medida, a pesar de haber criticado la reforma en el pasado.

Prácticamente, la única bancada que mantuvo su decisión de rechazar la confianza fue la izquierdista de Nuevo Perú, que expresó sus dudas de que el fujimorismo apruebe finalmente las normas de Vizcarra.

Otros partidos de oposición también se negaron a dar la “confianza” por considerar que el presidente solo busca aumentar su favorabilidad, que para comienzos de año descendió al 30 por ciento.

Según el constitucionalista Luciano López, ese descenso respondió a las “investigaciones penales que tiene el presidente en su contra y que datan de cuando fue gobernador”.

Asimismo, el politólogo Carlos Meléndez también conceptuó que la moción de confianza terminó por develar segundas intenciones del gobierno.

“Es generar en la opinión pública la impresión de un arrinconamiento del Ejecutivo hacia el Legislativo, institución de estructural desprestigio en el Perú. La fórmula de Vizcarra es conocida: ganar aceptación popular aprovechando el desprestigio de sus rivales políticos, en este caso el Parlamento dominado por el fujimorismo”, dijo.

El rastro de la corrupción ha marcado el terreno político del Perú en los últimos años. El país ha visto caer presos a tres presidentes y a más de 40 ministros. Ha presenciado procesos judiciales, aún en marcha, en contra de personalidades como el exfiscal general Pedro Chávarry, o en contra de Keiko, hija del exmandatario Alberto Fujimori. Y hasta el suicidio de unos de sus presidentes salpicado por los escándalos de sobornos: Alan García.

La corrupción, en su mayoría ligada con el sonado caso de la constructora brasileña Odebrecht, desembocó en una fuerte crisis institucional por la que dimitió el presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018. Vizcarra, quien era su vicepresidente, subió al poder, pero sin un partido que lo respaldara frente al peso del fujimorismo en el Congreso y con una bancada inestable que cambió a lo largo del año.

A partir de allí, la distancia entre Ejecutivo y Legislativo se agudizó con la primera victoria de Vizcarra, el 28 de julio del año pasado, cuando anunció las reformas constitucionales al Parlamento y presentó cuatro proyectos de ley que sometió a votación de la ciudadanía en un referéndum, de los que logró aprobar tres. Sin embargo, las demás propuestas de su “batalla contra la corrupción” siguieron sin lograr apoyo suficiente de los legisladores.

Según Ames, con este acto, el presidente dejó clara “la inconformidad en la sociedad que cuestiona sus políticos y un deseo irrefutable de acabar con los pasados modelos”.
Cierto es que quien asumiera la presidencia habría tenido que romper el legado de sus antecesores: Kuczynski, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Fujimori y García, todos investigados por sobornos o malversación de fondos.

A este panorama de crisis por la inestabilidad y la desconfianza entre partidos tendrá que enfrentarse Vizcarra hasta el 2021, pues, si bien ganó dos batallas, esto se pondrá a prueba en las negociaciones de los próximos dos meses.

ANNIE VALENTINA GÓMEZ

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